miércoles 14 de octubre de 2026 - Edición Nº15

ACTUALIDAD | 14 Oct

Se reglamentó la ley de control de peso vehicular para proteger las rutas provinciales

La medida establece controles de cargas, operativos conjuntos entre Vialidad y la Policía, y multas de hasta 20.000 Unidades Fijas por exceso de peso. El objetivo es preservar la infraestructura vial, optimizar los recursos públicos y reforzar la seguridad en las rutas.


El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia la reglamentación de la Ley Provincial N° 10.975 de Control Vehicular de Peso, una medida orientada a fortalecer la fiscalización del transporte de cargas y preservar el estado de la red caminera provincial. La normativa busca reducir el deterioro prematuro del pavimento ocasionado por el sobrepeso y prolongar la vida útil de las rutas entrerrianas.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) será la autoridad de aplicación y coordinará los operativos con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos. El régimen contempla la instalación progresiva de sistemas de pesaje dinámicos y estáticos, además de establecer los criterios técnicos y estratégicos para determinar los puntos de control, según el tránsito pesado y las necesidades de conservación de cada tramo.

En el marco de los procedimientos, la Policía estará facultada para detener vehículos, requerir documentación y labrar actas de infracción. La reglamentación también establece mecanismos para retirar excedentes o cargas abandonadas y determina la responsabilidad solidaria del transportista y el cargador ante los incumplimientos.

El esquema sancionatorio fija multas calculadas en Unidades Fijas (UF), de acuerdo con la cantidad de kilogramos excedidos respecto de los límites permitidos. Las penalidades parten de 154 UF para excesos de entre 500 y 1.000 kilogramos y pueden alcanzar las 20.000 UF cuando el sobrepeso es igual o superior a los 14.001 kilogramos.

Desde Vialidad destacaron que el fortalecimiento de los controles permitirá cuidar la infraestructura provincial, mejorar la planificación de la inversión pública destinada al mantenimiento de las rutas y promover condiciones equitativas para el transporte de mercaderías, al tiempo que contribuirá a mejorar la seguridad vial.

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