El proyecto del Gobierno de Entre Ríos para reformar el Código Procesal Laboral ingresó formalmente a la Legislatura y tomó estado parlamentario, en medio de los cuestionamientos del sector privado por el incremento de los litigios, los montos de las condenas y la imprevisibilidad de los costos judiciales. Las entidades empresarias respaldaron la iniciativa y preparan un documento conjunto para fundamentar la necesidad de actualizar los procedimientos.

La propuesta contempla cuatro cambios centrales: la creación de un cuerpo especializado de profesionales médicos dependiente del Poder Judicial; la aplicación obligatoria del baremo vigente para determinar incapacidades; la desvinculación de los honorarios periciales del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad; y la eliminación del depósito previo de la condena, los intereses y las costas como requisito para que los empleadores puedan apelar una sentencia. Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Entre Ríos registró 2.502 nuevos juicios por riesgos laborales en 2025, un 25% más que en 2024. Además, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las demandas crecieron un 38%.

El presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Ramiro Reiss, sostuvo que el respaldo responde a los indicadores de litigiosidad y a la necesidad de establecer criterios objetivos para determinar incapacidades y honorarios. También advirtió sobre el impacto económico de los juicios en las empresas y mencionó que el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), principal asegurador de los trabajadores estatales, habría pagado $35.000 millones en cuestiones laborales durante los últimos dos años. Para el dirigente, la reforma debe contribuir a equilibrar los derechos de trabajadores y empleadores, sin restringir la posibilidad de reclamar.

En la misma línea, la presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Celeste Valenti, consideró que la previsibilidad del marco laboral es relevante para sostener la inversión y la generación de empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Además, cuestionó los efectos de dos fallos, en las causas Crettaz c/Iapser y Vázquez c/Iapser, que, según señaló, habilitaron la reapertura de casos previamente homologados y derivaron en condenas por montos elevados. La dirigente sostuvo que esos antecedentes refuerzan la necesidad de contar con peritos independientes y procedimientos transparentes.

Las entidades empresarias plantean que la reforma permitiría reducir las distorsiones que, a su entender, encarecen los seguros y condicionan las decisiones de contratación. Entre los puntos destacados figura la posibilidad de apelar sin afrontar previamente el pago total de una condena, una exigencia que, según Reiss, puede dejar sin capacidad de defensa a pequeñas empresas con dificultades financieras. El proyecto deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo, donde se debatirán los cambios propuestos al procedimiento laboral entrerriano.